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mayo 3, 2024El legislador civil, en su código sustantivo ha señalado los tipos de unionesque existen en vzla, siendo uno de ellos las uniones estables de hecho previsto enel articulo 77 de la Carta Política en concordancia con el artículo 767 del CódigoCivil, ya que el legislador quiere distinguir a la mujer y al hombre cuasi casados,de los amantes cuyas relaciones no consolidan una razón social y económica.Es, así pues que la normativa civil y constitucional estipulan la primera losrequisitos condicionantes para que se configure la unión estable de hecho y lanorma suprema establece el principio constitucional que protege que dentro deuna relación sentimental sea solo entre un hombre y una mujer, no existe otrostipos de uniones estables.Ahora bien, para nadie es un secreto que existen relaciones fugases uocasionales entre un hombre y una mujer, la mal llamada, por ejemplo: “cana alaire”, las amantes, las parejas del mismo sexo no han sido reconocidas hoy porhoy por el legislador, por el constituyente de 1999 y tampoco por la argumentaciónjurídica de respaldo como es la jurisprudencia emanada del Tribunal de Supremode Justicia, vale decir que las uniones ocasionales no cumplen con lo previsto enel articulo 767 del Código Civil. Cabe advertir, que se han vistos casos en donde una mujer y un hombretienen relaciones sexuales y queda embarazada la mujer, eso no significa queexista una unión estable de hecho; si bien es cierto, que se procreó un niño seriauno de los requisitos condicionantes del articulo 767 del Código Civil< sin embargodebe configurar la permanencia en común, vale decir dos año bajo el mismotecho, aumento de patrimonio, que sea una relación publica, notaria, permanente ycomunicacional, soltero y que sea haya procreados hijos. Entonces se evidenciaque un solo requisito no puede materializar la unión estable de hecho,convirtiéndose así, en una unión ocasional entre un hombre y una mujer. Esta afirmación es sostenida, recientemente por jurisprudencia nro 000060, expedientenro 21-217, fecha 23 de febrero del 2022 de la Sala de Casación Civil del TribunalSupremo de Justicia de Venezuela que dispone:” Requisitos indispensables que launión haya sido permanente, o sea, que las uniones ocasionales, sin animo de sermarido y mujer no pueden considerarse suficiente, ya que el legislador quieredistinguir a la mujer y al hombre cuasi casados”. Con respecto a este criteriojurisprudencial, quedo claro que las uniones ocasionales no se configuran comouniones estables de hecho. Dra: Vestalia Tovar [...] Leer mas...
abril 9, 2024TSJ VZLASALA CONSTITUCIONALJURISPRUDENCAI 0155Exp nº 21-0731Fecha: 14/06/2022 MAGISTRADO PONENTE: LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOSEl 17 de noviembre de 2021, se recibió en esta Sala el Oficio número 151-21 del 10 dejunio de 2021, anexo al cual la Corte de Apelaciones Ordinaria y de la Sección deResponsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal Fronterizo del EstadoNueva Esparta, remitió el expediente contentivo de la acción de amparo constitucionalinterpuesta por los abogados José Caraballo, Albert Rojas y María fernanda Rivas,inscritos en el Instituto de Previsión Social. Comentario: ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES EN MATERIA AMPAROCONSTITUCIONAL PROVENIENTE DE UNA DE CAUSA PENAL QUE SEA DEACTUACIONES DEL MINISTERIO PUBLICO Y TRIBUNAL DE CONTROL ESRECURRIEBLE EN AMPARO NO OPERA LA INEPTA ACUMULACIÓN de modo que ambas pretensiones se encuentra estrechamente vinculadas, toda vez que en definitiva lapresunta lesión constitucional se ocasiona ante la falta de realización de dichas diligenciasde investigación. “….Ahora bien, la Sala observa que, según se desprende del escritolibelar, así como de la fundamentación de la apelación, que los accionantes atribuyen laspresuntas lesiones constitucionales a dos órganos distintos como son la Fiscalía Cuartacon Competencia Contra las Drogas, Delitos Económicos y Materiales Estratégicos de laCircunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, y el Juzgado Cuarto de PrimeraInstancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta.Al respecto, en principio, nos encontramos con una acumulación de pretensiones deamparo constitucional dirigidas contra órganos distintos, que pudiera comportar lainadmisibilidad de la acción de amparo, no obstante ello, las actuaciones denunciadascomo lesivas, se desarrollaron en un mismo proceso penal, por cuanto las denunciasrealizadas por la parte accionante se refieren a la negativa del Ministerio Público a realizarlas diligencias de investigación y la falta de control judicial por parte del Juzgado Cuartode Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del EstadoNueva Esparta respecto a la investigación penal, lo que sin lugar a dudas incluye lasdiligencias de investigación negadas por el Ministerio Público, de modo que ambaspretensiones se encuentra estrechamente vinculadas, toda vez que en definitiva lapresunta lesión constitucional se ocasiona ante la falta de realización de dichas diligenciasde investigación. (Cfr. Sentencia de esta Sala N° 113/2021)”. [...] Leer mas...
abril 9, 2024TSJ VZLASALA DE CASACIÓN CIVILJURISPRUDENCIA NRO: 000766Exp nº 2022-000044Fecha: 12/12/22 Magistrada Ponente: CARMEN ENEIDA ALVES NAVASEn el juicio por desalojo y daños materiales causados, incoado ante el Juzgado Primerode Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de laCircunscripción Judicial del estado Portuguesa.Comentario: INEPTA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES EN MATERIAARRENDATICIA. De esta manera, siendo que la demanda de desalojo, en razón de suespecialidad no admite la acumulación de la pretensión de daños y perjuicios, así comoque dichas acciones tienen procedimientos disímiles por un lado el procedimiento oral ypor el otro el procedimiento ordinario previstos en el Código de Procedimiento Civil, seobserva que los jueces tenían la obligación de verificar dicha situación y declarar la ineptaacumulación de pretensiones previstas en el artículo 78 del Código de ProcedimientoCivil, lo cual fue omitido; en este sentido, ya que ninguno de los jueces de instanciaverificaron el cumplimiento de los presupuestos procesales necesarios para lainstauración y prosecución del juicio, la Sala considera que la presente demanda debíaser declarada inadmisible. Así se decide”. (Sentencia RC-000314 del mes de diciembre de2020). [...] Leer mas...
abril 2, 2024Nos corresponde hablar de un tema de actualidad jurídica que tiene que vercon la materia condominal, vale decir que existe el escenario jurídico que faculta alos miembros de juntas de condominio para incoar demandas judiciales por víaejecutiva por cobro de bolívares para el cobro de las pensiones de condominiosmensuales.Es importante señalar, que la insolvencia del copropietario de cancelar laspensiones o contribuciones de condominio mensuales, se podrá cobrar medianteel procedimiento contencioso vía ejecutiva ya que los recibos de condominios sonuna deuda liquida y exigible con plazo vencido, es así, como el legislador adjetivocivil prevé en su artículo 630 del Código de Procedimiento Civil, el procedimientojudicial a seguir por parte de la junta de condominio electa legítimamente paraejercer su derecho a la defensa ante los Tribunales de Instancias del país. Almomento de demandar judicialmente se toma en consideración el monto de loadeudado que debe el copropietario insolvente, puede ser en dólares o en bssoberanos, al momento de cuantificar la demanda debe ser en dólaresequiparables en bs soberanos si la asamblea extraordinaria de copropietario pactoen dólares las mensualidades de los recibos de los condominios.Por otra parte, los condominios en su mayoría tienen contratos deadministración con las administradoras, que son las encargadas del cobro delrecibo de condominio, vale decir que la relación contable y financiera essumamente importante como medio probatorio para comprobar la insolvencia delpago del condominio del copropietario.De allí la importancia, de exhorta a la audiencia que no se puede confundiral momento de demandar vía ejecutiva por el cobro de los recibos de condominioel embargo ejecutivo que se encuentra previsto en el articulo 588 del Código deProcedimiento Civil, que, si bien es cierto, que existe esa medida cautelarpreventiva en el referido artículo, solo se remite al embargo ejecutivo o preventivosobre bienes muebles y no inmuebles. Por esta razón, es que el procedimientocontencioso administrativo vía ejecutiva por cobro de bolívares o en dólaresequiparables en bolívares, siendo procedente el embargo ejecutivo previsto en elartículo 630 del Código de Procedimiento Civil y no el articulo 588 ibidem, ya queatenta jurídicamente con la admisión de la demanda por ser contraria a derechoen base al articulo 340 de la misma norma adjetiva civil.Esta afirmación, es sostenida por la Sala de Casación Civil del TribunalSupremo de Justicia de Venezuela, por senda jurisprudencia nro 00113 deexpediente nro 08-495 de fecha 11 de marzo de 2009, señala que la vía ejecutivay el embargo ejecutivo sobre el bien inmueble que forma parte del patrimonio delcopropietario demandado, se puede embargar en base al monto de lo adeudado yfinalmente sino paga se abrirá el embargo ejecutivo en una incidencia procesal encuaderno separado que incluso la junta de condominio, como actora en el proceso judicial podrá llevar ese procedimiento para que los expertos, el justi- precio, elremate y la subasta para cuando ya se encuentre en fase de sentencia definitiva.Dra: Vestalia Tovar.Contáctanos“Siguenos para mucho mas”… [...] Leer mas...
marzo 3, 2024Al momento de presentar una denuncia como víctima por cualquier delito es importante resaltar que, una vez asignado el fiscal del Ministerio Público a la causa penal, comienza el inicio de la investigación. Es allí donde el fiscal del Ministerio Público delega funciones en sus órganos auxiliares de justicia, conformados por los órganos policiales expertos en sus diferentes áreas; con el fin de iniciar la búsqueda de la verdad material.Una vez asignado a la causa el Ministerio Público como titular de la acción penal y dueño de la búsqueda de la verdad, en la fase investigativa dentro del procedimiento ordinario penal, actúa en defensa de los derechos de la víctima. Sin embargo, es importante resaltar que por nuestra experiencia en el área penal, se recomienda agregar a la causa un abogado privado o defensa adherida al Ministerio Público; que colabore y coadyuve para trabajar mancomunadamente con el propósito de estructurar muy bien el expediente, integrado por testimoniales, documentales, experticias y otros medios probatorios, que puedan determinar los elementos de convicción que soporten el tipo penal.Esa defensa adherida al Ministerio Público es determinante, no solo para ayudar a estructurar el expediente, además puede supervisar que también el fiscal cumpla con su rol de investigador e incluso profundice en la investigación cuando se requiere. Es cuando la víctima debe otorgar un poder penal autenticado, donde faculte al abogado adherido privado de actuar en la fase investigativa uniendo esfuerzo con el fiscal, para que exista una precalificación por medio de un acto de imputación formal previsto en el artículo 126-A, de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal y que el mismo acto de imputación formal sea ajustado a derecho. En caso contrario, el abogado adherido debe presentar una querella penal ante un tribunal de control de la jurisdicción, manifestando que existen otros delitos en el expediente y que el fiscal en su fase investigativa no tomó en consideración. El otro escenario es evitar la prescripción de la acción penal sobre los delitos denunciados por la víctima.Ahora bien, se han dado casos donde el fiscal del Ministerio Público desde el momento que presenta su acto de imputación formal, si son delitos menos gravosos como estafa simple, apropiación indebida, lesiones, entre otros, tiene la opción de imputar en su despacho o ante un Tribunal Municipal. Cuando son delitos gravosos lo hace ante su despacho fiscal o un Tribunal de Control; sin embargo, es a partir de ese momento que el imputado podrá defenderse durante seis meses y durante ese plazo pueden variar las circunstancias de modo, tiempo y lugar; y se pueden generar nuevos delitos que fueron cometidos en contra de la víctima.Ante este escenario antijurídico, el fiscal presenta su acusación en contra del acusado y si no tomó en consideración los otros delitos, el abogado adherido debe presentar antes de la audiencia preliminar una acusación privada particular, para ilustrar al juez de control que la acusación presentada por el fiscal está incompleta. Por esta razón, es que solicita la acusación particular propia para proteger aún más a la víctima. Esta afirmación es sostenida por la jurisprudencia número N° 1.303 del 20 de junio de 2005, de la Sala Constitucional del Alto Tribunal de la República, sobre la acusación propia particular. [...] Leer mas...
febrero 13, 2024La inepta acumulación de pretensiones nace originariamente en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, siendo perfectamente aplicable al procedimiento penal, vale decir que el Código de Procedimiento Civil es la norma supletoria y subsidiaria del cualquier procedimiento indistintamente la materia a fin. Dentro de los requisitos que exige el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, es que las pretensiones sean incompatibles por el procedimiento, jurisdicción, competencia y materia. En este sentido, abordamos la materia procesal penal ya que en la práctica forense se han visto casos donde algunos abogados de libre ejercicio, no toman en consideración el principio de la doble instancia dentro de los grados del escalafón judicial. MINISTERIO PÚBLICO El inicio del procedimiento ordinario comienza con la fase investigativa constituida en la primera sub-fase que al momento que el denunciante formula su denuncia ante un órgano policial, una vez asignado el fiscal del ministerio público se debe practicar las diligencias pertinentes para el esclarecimientos de los hechos pasada esa sub -fase, presenta el acto de amputación formal  con los delitos precalificados, al momento de presentar el acto de imputación ante su despacho o en su defecto si son delitos menos graves ante un Tribunal Municipal Penal, o si son delitos graves ante un Tribunal de Control; sin embargo, lo más importante de esta sub-fase es que no existan involucrados delitos graves en el acto de imputación formal ante un Tribunal Municipal, ya que de ser así, estamos en presencia de una incompetencia por jurisdicción territorial o violación al juez natural consagrado en el artículo 49 . 5 de la Carta Política, donde el Juez Municipal debe declarar de oficio la inepta acumulación por ser de orden público o en su defecto una declinatoria de competencia por jurisdicción. De manera las defensas de los reos al momento de celebrar el acto de imputación formal, deben ser cuidadosos que se cumpla este acto procesal, en caso contrario, es un acto procesal inconsistente e irrito que no alcanzó el fin para las cuales estaba destinado. ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL CONTRA SENTENCIA ANTE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TSJ VZLA. Es importante señalar, que al momento que un Tribunal de Juicio sentencia mediante una condenatoria y la Corte de apelaciones ratifica la decisión  y no es recurrible en casación se interpone un amparo contra sentencia. En este sentido, nosotros como abogados de libre ejercicio no podemos solicitar en el escrito ante la Sala Constitucional que conozca de varias violaciones constitucionales en la fase investigativa, Tribunal de Control, Tribunal de Juicio y Corte de Apelaciones ya que sería una inepta de acumulación decretada por la Sala Constitucional de conformidad con el artículo 133.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, puesto que la Sala solo conoce contra las sentencias definitivas, es decir sentencia emitida de la Corte de Apelaciones y no de todo el procedimiento penal, esta afirmación es sostenida por jurisprudencia emanada de la Sala Constitucional  del TSJ nro 478 exp nº 12-1309 de fecha 6-05-2013. Criterio reiterado. Autoría: Abg. Vestalia Rafaela Tovar Medina Directora de la Firma “Tovar Medina& asociados” – Somos la solución en tus casos. Síguenos en nuestras Redes sociales: vestaliatovarm en la cta: Instagram, Linkedin, X, Spotify y @abogadostovarmedina en la cta de Facebook, suscríbete y haz clip en la campana de notificaciones del canal de YouTube Vestalia y sus Apreciaciones Jurídicas y canal de Telegram, Boletín Jurídico Informativo de marketing, ingresa al Aula Virtual e ingresa a la pág. web https://2001online.com. Sean multiplicadores de nuestra pág. Web y contáctanos “Somos la Solución Jurídica”.   [...] Leer mas...
enero 30, 2024DEMANDAS ANTE LOS TRIBUNALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  INSTANCIA COMPETENTES POR LA MATERIA: En este sentido, las madres o viceversa se han visto en la obligación de acudir ante los Tribunales de Protección del Niño, Niña y Adolescentes de la jurisdicción más cercana donde se encuentre domiciliado el niño para solicitar el pago de la obligación de manutención; con el fin, que el padre cumpla por medio de una sentencia judicial que condene el referido pago. Hoy por hoy, en la práctica forense al momento de introducir la demanda solicitan una serie de medidas y una de ellas es el embargo preventivo del 30% sobre el salario y otros beneficios laborales, siempre y cuando, se logre demostrar la capacidad económica del Trabajador para solicitar el embargo como incidencia procesal y sea agregado a los autos en cuaderno separado de conformidad con el artículo 381 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en concordancia con el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. Al momento que un Tribunal de Instancia decrete la medida de embargo sobre el salario y sus beneficios laborales debe desglosar LA RELACIÓN en la motivación de la sentencia, de forma siguiente: a) EL TREINTA POR CIENTO (30%) del salario, primas, bonos sobre sueldos, gratificaciones, comisiones, compensaciones que devengue el trabajador de la empresa xxx. b) EL TREINTA POR CIENTO (30%) de las cantidades de dinero que por concepto de cualquier retroactivo pueda corresponderle al trabajador por sus servicios prestado en la referida empresa. c) EL TREINTA POR CIENTO (30%) de las vacaciones, bono vacacional, programas recreativos, bono de transferencia, o cualquier otra indemnización que con ocasión de reposo pueda corresponderle como trabajador de la empresa. d) EL TREINTA POR CIENTO (30%) de las utilidades, aguinaldos o cualquier otra indemnización que por su rendimiento o producción, pueda corresponderle como trabajador de la empresa. e) EL TREINTA POR CIENTO (30%) de las cantidades de dinero que posea el trabajador en la caja de ahorro de la empresa. f) EL TREINTA POR CIENTO (30%) de las cantidades de dinero que tuviese el demandado constituidas en fideicomiso, así como sobre los intereses de fideicomiso, e intereses sobre prestaciones sociales, y cualquier otro interés que le puedan corresponder por su relación laboral con la referida empresa. g) EL TREINTA POR CIENTO (30%) de las prestaciones sociales y cualquier otro concepto que le pueda corresponder al trabajador por su relación laboral en caso de renuncia, retiro, despido, jubilación, incapacidad o muerte. h) EL CIEN POR CIENTO (100%) de las primas por hijos, juguetes, becas, útiles escolares y cualquier otro beneficios que se le otorgue al trabajador con ocasión de sus prenombrados hijos. i) EL TREINTA POR CIENTO (30%) de cualquier cantidad que le pudiera corresponder por su relación laboral. Desglosado la relación anterior, los Jueces de Instancia deben señalar en la sentencia judicial que las cantidades a retener establecidas en los literales “a, b, c, d y h” podrán ser entregadas directamente a la madre, pudiendo el patrono aperturar una cuenta de ahorro a nombre de ésta para tal fin, o ser remitidas al Tribunal y en cuanto a la relación a las cantidades establecidas en el literal “e, f, g, y i” estas deben ser siempre remitidas al  tribunal en cheque de gerencia a nombre del Tribunal que se encargara de velar que mensualmente se otorgue al niño su manutención. LIQUIDACIÓN AL TRABAJADOR POR EL PATRONO: ¿Cómo queda el embargo preventivo decretado  sobre el salario del 30% y sus acreencias por el Tribunal en contra del Trabajador? Ahora bien, puede ocurrir casos y uno de ellos, es que la empresa decida prescindir de los servicios del trabajador, al momento de liquidar sus prestaciones sociales la empresa debe emanar un oficio dirigido al Tribunal que decreto el embargo preventivo del salario y los beneficios socioeconómicos para resguarda el ese 30% por lo queda de año 2024, por ejemplo: el trabajador fue liquidado en el mes de enero, falta 11 meses el juez debe retener de esas prestaciones sociales 26 salarios mínimos para el cumplimiento de la obligación de manutención hasta el 31 de diciembre del 2024, lo que no puede hacer la empresa  o el tribunal es no entregar el cheque a la madre de forma anticipada, ya que de ser así, incurre una irregularidad  ya que el Tribunal es único que puede oficiar al Bco para apertura de una cuenta de ahorro y depositar el cheque de gerencia y mensualmente suministrar la cantidad de dinero a la madre que corresponde por obligación de manutención, esto es lo correcto del punto de vista jurídico. Abg. Vestalia Rafaela Tovar Medina (Directora de la Firma).Síguenos para más y se multiplicador de nuestras Redes sociales: @vestaliatovarm en la cta: Instagram, Linkedin, X (antes twiter), Spotify (tovarmedina & asociados) y @abogadostovarmedina en la cta de Facebook, suscríbete y haz clip en la campana de notificaciones del canal de YouTube Vestalia y sus Apreciaciones Jurídicas y canal de Telegram (Grupo de Capacitación y Formación Profesional), Boletín Jurídico Informativo de marketing, ingresa al Aula Virtual e ingresa a la pág. web https://2001online.com. Sean multiplicadores de nuestra pág. Web abogadostovarmedina.com (Servicios nacionales e internacionales) y contáctanos “Somos la Solución Jurídica” [...] Leer mas...
enero 16, 2024¿QUE ES LA OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN EN VZLA? La obligación de manutención en Venezuela es una de las Instituciones Familiares más afectadas en los últimos tiempos desde el año 2015 cuando fue declarada la crisis económica y se agudizo con la pandemia del año 2019  hasta los actuales momentos. MARCO REGULATORIO: Esta institución familiar está regulada en el artículo 365 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente que comprende todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y atención médica, medicinas, recreación y deportes, requeridos por el niño, niña y adolescente. PAGO EN DIVISAS ES LEGAL: En cuanto al monto de la obligación de manutención el máximo para cuantificarlo es de 30% sobre el salario en moneda de curso legal que devenga el trabajador; sin embargo cuando se generó la libre convertibilidad de la moneda emanado del extranjero que pueda circular dentro del territorio nacional, siendo legal por el Convenio Cambiario publicado el 7 Septiembre 2018. A partir de ese momento las partes podían solicitar la obligación de manutención en dólares equiparables en bolívares soberanos.  Ahora bien; el monto de la obligación de manutención en los últimos tiempos ha sido flexibilizado adaptado al realismo jurídico esta afirmación fue sostenida por la Sala  Social del TSJ mediante Jurisprudencia nº 687, exp: 12-0088, de fecha  24 de Mayo de 2012 donde la referida Sala extendió un monto de tres mil bolívares (3000,00) por encontrarse los niños residenciados en los Estados Unidos junto a su progenitora, quien solicito que el referido monto sea depositado en su cuenta personal por encontrarse en otro país, la cual fue el pedimento fue negado ya que la cuenta es la del Tribunal como ente supervisor para el dinero trasferido por el padre. Abg. Vestalia Rafaela Tovar Medina (Directora de la Firma).Síguenos para más y se multiplicador de nuestras Redes sociales: @vestaliatovarm en la cta: Instagram, Linkedin, X (antes twiter), Spotify (tovarmedina & asociados) y @abogadostovarmedina en la cta de Facebook, suscríbete y haz clip en la campana de notificaciones del canal de YouTube Vestalia y sus Apreciaciones Jurídicas y canal de Telegram (Grupo de Capacitación y Formación Profesional), Boletín Jurídico Informativo de marketing, ingresa al Aula Virtual e ingresa a la pág. web https://2001online.com. Sean multiplicadores de nuestra pág. Web abogadostovarmedina.com (Servicios nacionales e internacionales) y contáctanos “Somos la Solución Jurídica”.   [...] Leer mas...
diciembre 9, 2023Dentro de Derecho Procesal Penal el legislador prevé el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, los medios probatorios que sustentaran el proceso en sus diferentes etapas y uno de ellos, es el vaciado de telefonía de imágenes. Este medio probatorio, es uno de los más importantes dentro del proceso ya que la defensa en beneficio del reo, podrá revisar que ese medio probatorio haya sido realizado efectivamente con los parámetros de ley para su veracidad; sin embargo, una vez estructurado el expediente por los órganos auxiliares de Justicia léase CICPC o cualquier otro cuerpo policial, al practicarse debe acompañar el informe técnico conjuntamente con el CD, vale decir que la defensa privada al momento de revisar el expediente debe constatar que en los autos existaincorporado el CD; sin embargo, es importante aclarar que la no existencia del CD en el expediente al momento de celebrar la audiencia preliminar no vicia la referida prueba ya que el Juez de Control al admitir la prueba, no puede dentro de sus funciones jurisdiccionales descender de las actas del proceso y la defensa privada o pública, no pueden solicitar la prueba de exhibición de ese CD en esa etapa procesal. Cuando hablamos de la fase intermedia constituida por el Tribunal de Control, es importante acotar, que no es facultad de ese Juez ya que es elencargado solo de admitir las pruebas como requisito de forma, y no de fondo, pues corresponde a los jueces de juicio dueños del establecimientos de los hechos la veracidad de esa prueba en los diferentes debates; a través, del funcionario policial o experto que determino el informe técnico y es esa oportunidad procesal es que se procede a visualizar el CD. En aquellos casos, cuando no este incorporado el CD en la fase de control el ministerio público en beneficio de la víctima debe oficiar al organismo correspondiente quien realizo ese medio probatorio, para que consigne el CD antes del auto de apertura a juicio, en caso contrario, al momento del debate quedara viciada de nulidad absoluta la prueba de vaciado de telefonía de imágenes de conformidad con los artículos 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal. Abg. Vestalia Rafaela Tovar Medina.Directora General del Escritorio Jurídico Tovar Medina asociados Nacionales e Internacional. Síguenos en nuestras Redes sociales: vestaliatovarm en la cta: Instagram,Linkedin, X, baja la aplicación del podcast jurídicos en Spotify y@abogadostovarmedina en la cta de Facebook, suscríbete y haz clip en lacampana de notificaciones del canal de YouTube “Vestalia y sus ApreciacionesJurídicas” y canal de Telegram, Boletín Jurídico Informativo de marketing,inscríbete en nuestra Aula Virtual e ingresa a la pág. web: https://2001online.comdonde está publicada nuestra columna jurídica e ingresa a nuestros serviciosjurídicos nacionales e internacionales de nuestra firma:abogadostovarmedina.com. Sean multiplicadores de nuestra pág. Web ycontáctanos “Somos la Solución Jurídica”. [...] Leer mas...
noviembre 30, 2023El arrendador legítimo tiene grandes abanicos de oportunidades al momento de hacer valer sus derechos; siempre y cuando, tenga un justo título de arrendamiento que acredita su cualidad. Al principio del año 2022, cuando el Ejecutivo Nacional dejó sin efecto los Decretos de diferimiento del pago del canon de arrendamiento y el desalojo sobre locales comerciales y vivienda principal. En ese momento, los arrendatarios que no cancelaron sus cánones durante la época de pandemia, fueron sometidos por el arrendador como medio de presión que tenían que desocupar el bien inmueble por falta de pago, utilizando los medios de comunicación electrónicos y la mensajería de Whatsaap con amenazas intimidatorias; con el fin, que el arrendatario desocupara de forma inmediata. En el caso de los arrendatarios, que reciben este mensaje vía whatsaap y decidan desocupar el bien inmueble de forma voluntaria e inmediata, debe levantar un acta con dos testigos para dejar constancia de las condiciones físicas y tomar fotos del bien inmueble arrendado en presencia del arrendador, siendo obligatoria esa presencia, ya que de no estar presente, y el arrendatario decide llevarse las puertas, ventanas, posetas en otros, alegando que eso le corresponde por comprarlo con su propio peculio, dará derecho al arrendador a formular una denuncia ante el Ministerio Publico por Daños a la Propiedad delito de tipo penal. En aquellos casos, donde el arrendatario no desocupa el bien inmueble a pesar de las amenazas recibidas por la mensajería de Whatsaap, y decide accionar judicialmente ante un Tribunal de Primera Instancia de lo Civil por medio de la presente acción de amparo constitucional autónoma por el posible desalojo consignando como medio probatorio las fijaciones fotográficas de whatsaap o la mensajería de su celular. Ante este escenario antijurídico, este medio recursivo extraordinario de acción de amparo constitucional es declarado inadmisible ya que no cumple con el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías constitucionales ya que la posible amenaza del desalojo no opera la acción constitucional judicial, puesto que no se ha materializado el desalojo. Abg. Vestalia Rafaela Tovar MedinaDirectora General de la Firma Jurídica.Síguenos en nuestras Redes sociales: @vestaliatovarm en la cta: Instagram, Linkedin, X, Spotify podcasts jurídico, @abogadostovarmedina en la cta de Facebook, suscríbete y haz clip en la campana de notificaciones del canal de YouTube en Vestalia y sus Apreciaciones Jurídicas, canal de Telegram Grupo de Capacitación y Formación Profesional integrado por 1475 participantes, Boletín Jurídico Informativo de marketing, ingresa al Aula Virtual e ingresa a nuestra Columna Jurídica a la pág. web https://2001online.com. Sean multiplicadores de nuestra pág. Web y contáctanos “Somos la Solución Jurídica”. [...] Leer mas...
noviembre 22, 2023Desde el año 2020 una vez decretada la pandemia el 22 de marzo de esemismo año, el Ejecutivo Nacional ordeno mediante Decreto el diferimiento delpago de los cánones de arrendamientos, aplicable a las personas que existían unarelación arrendaticia bajo la modalidad de contrato de arrendamiento en formaexpresa y verbal.Este decreto fue ratificado cada seis (6) meses en el año 2021, donde sucontenido en líneas generales, se refieren a que tanto el arrendador como elarrendatario debían acordar las condiciones de pago en el tiempo y la forma depago pecuniaria o en especie.Para principio del año 2022 el Ejecutivo dejó sin efectos jurídicos losreferidos decretos, al punto que tanto el Sunavi que regula la materia arrendaticiaen los casos de vivienda principal y el Sundde regula los locales comercialesarrendaticios extensibles a los Tribunales de Instancia, comenzaron a recibir losreclamos para que se tramitara sus solicitudes de desalojos por falta de pago encontra de los inquilinos que no ahorraran el compromiso pactado en contenido delcontrato de arrendamiento.Ante este escenario antijurídico, tenemos conocimiento que al momento derealizar el planteamiento al arrendatario que no cumplía con el pago del canon dearrendamiento sumado que tenía cánones adeudados, al constituirse la mesa denegociaciones el planteamiento señalado era “…yo desocupo el bien inmueble,pero me tienen que indemnizar”, siendo este acto inaceptable, ya que elarrendatario deudor no puede pretender que se reconozca una indemnización,cuando quien ha ocasionado el daño moral y material al arrendador –propietarioes el inquilino, y quien tiene la facultad para solicitar los daños y perjuiciosprevistos en los artículos 1185 y 1196 del Código Civil es el arrendador, primeropor la falta de pago del canon, la indexación, intereses moratorios, el retardo y ladesocupación del bien inmueble.Significa que cuando usted?, está bajo este escenario debe dirigirse alMinisterio Publico para formular su denuncia por el delito de extorsión previsto ysancionado en el artículo 16 de la Ley Contra Secuestro y Extorsión, ya que seconfigura la intimidación, la violencia y el chantaje, donde se obliga a una personaa realizar acto o negocio ilícito de carácter patrimonial, siendo perfectamenteaplicable al presente caso bajo estudio.En conclusión, en el caso del inquilino no es procedente solicitar alarrendador una indemnización pecuniaria, puesto que no hay daño que resarcir, al contrario, si hubo una falta de pago del canon es perjudicial para el patrimonio delarrendador, seria quien solicitaría la indemnización. Abg. Vestalia Rafaela Tovar MedinaDirectora General de la Firma Jurídica.Síguenos en nuestras Redes sociales: @vestaliatovarm en la cta: Instagram,Linkedin, X, Spotify podcasts jurídico, @abogadostovarmedina en la cta deFacebook, suscríbete y haz clip en la campana de notificaciones del canal deYouTube en Vestalia y sus Apreciaciones Jurídicas, canal de Telegram Grupo deCapacitación y Formación Profesional integrado por 1475 participantes, BoletínJurídico Informativo de marketing, ingresa al Aula Virtual e ingresa a nuestraColumna Jurídica a la pág. web https://2001online.com. Sean multiplicadores denuestra pág. Web y contáctanos “Somos la Solución Jurídica”. [...] Leer mas...
octubre 31, 2023En Venezuela la seguridad social ha sido un tema importante para las personas que alcanzan la edad de 55 años en el caso de las damas y en el caso de los caballeros a la edad de los 60 años para gozar de su pensión del seguro social; claro está, una vez cumplido los requisitos de ley. Esta materia que es un principio de rango constitucional donde el Estado es el garante de respetar la seguridad social garantizando al ciudadano común cumplidos los requisitos ante el organismo correspondiente podrá a optar al pago de la pensión a partir de los seis (6) meses con una mensualidad de un salario básico que hoy por hoy es irrisorio. Ahora bien, existe una excepción a la regla el pago de la pensión del seguro social a la persona que fue diagnosticado por una situación de salud, por ejemplo: el invidente, el sordo u otra persona que no pueda bastarse por sí solo, tiene el derecho de solicitar la pensión por invalidez conforme con lo previsto en el artículo 17 de la Ley del Seguro Social. Cabe advertir, en aquellos casos donde el Estado proporciona a través de la misión de amor mayor que es totalmente distinta a la pensión por invalidez, ya que la primera se cancela en base a un salario mínimo; en cambio la segunda, sería un salario y medio; es decir se le suma al salario básico la mitad del otro salario y como  única prueba es la transacción realizada por el seguro social el concepto debe reflejar pago de pensión por invalidez. La recomendación, en caso que usted sea una persona que no quieran reconocer la pensión por invalidez, puede dirigirse al organismo del Seguro Social presentando un escrito de reconsideración para que se reconozca ese derecho y en el caso de que el organismo correspondiente no otorgue respuesta acogiéndose al silencio administrativo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativo, agotada esta vía administrativa podrá interponer ante el Tribunal Superior Contencioso Administrativo un recurso de abstención y carencia en contra de la omisión antijurídica por parte del Seguro Social; con el fin que sea el propio Tribunal que exhorta al ente administrativo a otorgar la respuesta al asegurado.  Abg. Vestalia Rafaela Tovar Medina Directora General de la Firma Síguenos en nuestras Redes sociales: vestaliatovarm en la cta: Instagram, Linkedin, X, Spotify y @abogadostovarmedina en la cta de Facebook, suscríbete y haz clip en la campana de notificaciones del canal de YouTube Vestalia y sus Apreciaciones Jurídicas y canal de Telegram, Boletín Jurídico Informativo de marketing, ingresa al Aula Virtual e ingresa a la pág. web https://2001online.com. Sean multiplicadores de nuestra pág. Web y contáctanos “Somos la Solución Jurídica”.   [...] Leer mas...
octubre 23, 2023La migración de los venezolanos ha traído consecuencias jurídicas e incluso irreversibles, ya que los divorcios dentro del territorio venezolano o fuera de él, se han convertido el “pan nuestro de cada día” donde los niños, niñas y adolescentes son muchas veces los más perjudicados de esta historia, siendo importante recordar que al momento de introducir la demanda de divorcio en Venezuela en materia de niños, se requiere verificar el domicilio de los niños como requisito esencial para que prospere o no la demanda de divorcio. Muchas veces se desconoce que en la materia de divorcio se requiere el último domicilio conyugal que es válido e incluso cuando haya sido en otro país distinto al nuestro; sin embargo, los abogados litigantes debemos hacer mención al momento de realizar la asesoría jurídica correspondiente que de existir niños procreados durante la relación, hay que verificar su residencia habitual dentro del territorio o fuera de él, vale decir que al momento de introducir la demanda judicial de divorcio por desafecto o cualesquiera de las causales del 185 del CC.  Una vez admitida la demanda, y quedando debidamente notificado en el expediente el demandado y al momento de celebrar la audiencia única oral y pública donde el Tribunal de Protección realiza una llamada telemática al progenitor del niño(a) y si él declara vía telefónica que los niños residen en ese otro país más de cuatro (4) años opera el DEFECTO DE JURISDICCIÓN y no procede el divorcio, así lo establecido la jurisprudencia nro 00152 de fecha 7 de julio del 2021 de la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.          Abg. Vestalia Rafaela Tovar Medina Directora General de la Firma Síguenos en nuestras Redes sociales: vestaliatovarm en la cta: Instagram, Linkedin, X, Spotify y @abogadostovarmedina en la cta de Facebook, suscríbete y haz clip en la campana de notificaciones del canal de YouTube Vestalia y sus Apreciaciones Jurídicas y canal de Telegram, Boletín Jurídico Informativo de marketing, ingresa al Aula Virtual e ingresa a la pág. web https://2001online.com. Sean multiplicadores de nuestra pág. Web y contáctanos “Somos la Solución Jurídica”. [...] Leer mas...
octubre 16, 2023El Legislador penal en Vzla desde la entrada en vigencia en el año 2001 del Código Orgánico Procesal Penal y su última reforma en el año 2021, ha venido adaptando  esta normativa al realismo jurídico y no al normativismo; ya que dentro del proceso judicial se han suscitados en cada una de las etapas del proceso y específicamente la etapa de juicio, siendo los encargados del establecimiento de los hechos constituido por cada uno de sus debates que se deben celebrar al día 11 de despacho, en aras de evitar la interrupción del juicio que se inicie al acto de apertura de juicio; es decir comience nuevamente el juicio.   Al momento de la celebración del  auto de apertura a juicio se puede solicitar nuevas excepciones previstas en el artículo 28 de la Ley Adjetiva Penal, distintas a las solicitadas en la fase investigativa (Art 30 COPP 2021) o en su defecto audiencia preliminar e inclusos ciertas pruebas documentales o testimoniales que no fueron admitidas por el Tribunal de Control, y que son necesaria vía excepcional que el Tribunal de juicio podrá ordenar de oficio o a instancia de parte la recepción de cualquier prueba considerada como filtro en el dispositivo del fallo tal como lo dispone el artículo 342 del Código Orgánico Procesal Penal. Esta afirmación del artículo 342 del Código Orgánico Procesal Penal es sostenida mediante criterio reiterado, pacifico, continúo por parte de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela en jurisprudencia nro.  543 exp 04-0377  de fecha 11 de agosto de 2005 (Caso: Juan Carlos Rico Pinto), que determinó que la aplicación del referido artículo solo es aplicable de forma excepcional cuando existan pruebas como: documentales, testificales y experticias que no hayan sido traídos al proceso, bien sea, en la fase investigativa o  en fase intermedia, podrán ser traídas como hechos nuevos al proceso en la fase de juicio; siempre y cuando sean determinantes en el dispositivo del fallo . Sin embargo, es importante acotar que cuando el Tribunal de Juicio se niegue a citar a los testigos al proceso, a pesar que ese acto procesal corresponde exclusivamente a ese Tribunal, las defensas privadas podrán hacerlo a instancia de parte y no dejar solo la carga procesal al Tribunal, ya que al no hacerlo, no se puede solicitar el artículo 342 de normativa penal adjetiva, puesto que no se ejerció el derecho a la defensa por parte de la defensa técnica.   Y para culminar, durante el juicio existe una prueba documental por ejemplo: una documental que tenga que ver con una guía de procesamiento de alimentos y es mencionado al pie del documento una persona. En este sentido, la defensa privada deberá mencionarla en el auto de apertura a juicio que sea traído el testimonio de esta persona para convalidar esa guía. Ahora bien, sino lo realizó en el auto de apertura a juicio y quiere traer a ese testigo al proceso deberá solicitar al Tribunal de juicio, que permita la declaración del acusado y una vez el acusado se encuentre en el estrado del Tribunal al momento de declarar deberá nombrarlo para ser llamado al proceso, siendo así, que este testigo sería un hecho nuevo que tiene que ser incorporado al debate de conformidad con el artículo 342 del Código Orgánico Procesal Penal. Abog: Vestalia Rafaela Tovar Medina. Escritorio Jurídico Tovarmedinaasociados Contáctanos: Tenemos la solución a nivel nacional e internacional. [...] Leer mas...
octubre 8, 2023Dentro del Campo jurídico de los contratos existe una sub-clasificación de sus modalidades y una de ellas, es el contrato de opción a compra venta unilateral preliminar, vale decir que es un contrato bajo términos y condiciones que estipula en el contenido del documento un plazo de duración una vez dadas las arras o inicial de 90 días, más 30 días de prórroga para que el comprador se comprometa a cancelar lo adeudado en ese plazo; con el fin, que se perfeccione la venta definitiva o protocolización ante el registro subalterno donde está registrado el bien inmueble. El marco regulatorio de los contratos  de opción a compra venta en sus diferentes modalidades o la venta pura y simple se encuentran en el artículo 23 de la Ley de Deudores Hipotecarios; sin embargo, el Legislador Civil dispone  en sus artículos 1133, 1159, 1160 que sirven de marco jurídico donde aparecen los requisitos  para que se materialice un contrato. Ahora bien, uno de los requisitos más importante es el pago previsto en los artículos 1527 y 1283 del Código Civil, ya que una vez pactado el contrato el comprador debe cumplir con pagar el día y lugar fijado en el contenido del contrato de opción a compra venta preliminar unilateral, Porque es unilateral?. Por la sencilla razón, que este tipo de contrato, se obliga solo al comprador a pagar dentro del plazo de los 90 días, más la prórroga de los 30 días, y no se obliga al vendedor es allí la diferencia del resto de los contratos. La figura del pago sobre el precio de la venta, una vez dada las arras o inicial el comprador se obliga a realizar el resto del pago en el plazo de los 90 días, más la prórroga de 30 días; siempre y cuando, ambas partes así lo determinen, en el contrato. La recomendación, al comprador de este tipo de contrato es que encontrándose dentro del plazo mencionado, existe un hecho sobrevenido de una devaluación de la moneda y el vendedor se niegue a recibir el pago dentro de ese plazo. Debe iniciar una solicitud de oferta real de pago ante un Tribunal de Primera Instancia de lo Civil en la jurisdicción donde se pactó el contrato, para dar cumplimiento al pago total dentro de ese plazo ya estipulado en el contrato tal como lo dispone el artículo 1527 del Código Civil. Otra recomendación, en primer lugar es que no se puede dejar de pagar el monto adeudado y en segundo lugar que se cancele fuera del plazo de los 90 días, más la prórroga de 30 días, será un incumplimiento de pago donde quedara liberada la venta a un tercero. Esta afirmación es sostenida por la Sala de Casación Civil del Alto Tribunal mediante jurisprudencia reciente, reiterada y pacifica nro  000289, exp 22-638 de fecha 26 de mayo del 2023, se refiere que si el comprador? no paga dentro del plazo de los 90 días, más la prórroga de 30 días, se libera la ventar para que el vendedor ofrezca a un tercero su apartamento.    Abog: Vestalia Rafaela Tovar Medina. Escritorio Jurídico Tovarmedinaasociados Contáctanos: Tenemos la solución a nivel nacional e internacional. [...] Leer mas...
septiembre 18, 2023Los procesos por violación sexual en VenezuelaGracias al esfuerzo de muchas organizaciones nacionales, se promulgó en el año 2007 la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.La normativa reguló la protección a la integridad física y mental de la mujer maltratada, extensible también a los derechos de las niñas y adolescentes víctimas de violación sexual.En el caso de Venezuela, desde que se incrementó la situación país o crisis económica, agudizándola mucho más, la época de pandemia del año 2019, y ni hablar de la emigración por fronteras vías terrestre que son víctimas por necesidad económica y en la búsqueda de una la calidad de vida que no tienen en nuestro país; siendo esta la problemática del delito que in comentamos, ya que radica en la conducta desplegada antijuridica del hombre que por aprovechamiento o porque es un psicópata orgánico ataca la humanidad de una mujer o en su defecto de una niña o adolescentes. Penas mayoresAhora bien, esta Ley fue derogada, y su última reforma fue en el año 2021, cuando se incrementó la pena por violación sexual a la mujer adulta de 12 años a 18 años de prisión.En el caso de las niñas o adolescentes, la pena aumentó de 20 a 25 años de prisión. Asimismo, el término jurídico correcto es abuso sexual, ya que la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente también regula el referido delito.En el caso de la mujer adulta, el término jurídico es violación sexual. Por otra parte, cuando la mujer, niña o adolescentes son vulnerables; es decir, que sufren de una enfermedad mental, la pena será la máxima: 30 años de prisión, siempre que se demuestre la patología.Es importante, señalar que usted incluso estando casados o en concubinato, si la mujer no quiere, no consiente o no otorga el consentimiento para realizar el acto sexual, el esposo o el concubino no puede obligarla a realizarlo, de ser así, incurriría en el delito de Violación Sexual.Recuerden siempre, que lo se discute es el consentimiento de la mujer , niña o adolescentes, es decir si hay consentimiento no prospera el delito de conformidad con el articulo 178 ordinal 1 Código Penal, si no es consensuado no hay acto sexual pleno, sino violación en la mujer y en menores de edad es abuso sexual.¿Dónde denunciar?Cabe destacar que los órganos receptores de denuncia por el delito de violación sexual son: Ministerio Público, órganos policiales, prefecturas, jefaturas civiles, Inamujer y unidades de comando fronterizas de la Fuerza Armada Nacional.Del mismo modo, cabe destacar que la mujer, la niña o la adolescente al momento de formular su denuncia ante los órganos receptores de denuncia una vez que comience ante el Ministerio Publico, quien formulo la denuncia no puede desistir ya que es un procedimiento penal de riguroso orden publico que lo que busca es una sentencia condenatoria o absolutoria.Esto es importante, hacer del conocimiento ya que se han visto caso donde la mujer casada o concubina formula la denuncia contra el marido por el delito de violación sexual y después se arrepiente dirigiéndose al Ministerio Publico para desestimarla, por eso es necesario, que al formular la denuncia usted lo haga con la verdad, puesto que si el procedimiento por el delito de violación sexual el Tribunal de Juicio sentencia una absolutoria, el hombre denunciado y sometido al escarnio público podrá denunciar a esa denunciante por el delito de Simulación de Hecho Punible e incluso una vez materializado que efectivamente incurrió en el mencionado delito, demostrando el hecho ilícito que genero el daño, podrá demandar ante el mismo Juez de lo Penal los Daños y Perjuicios de conformidad con los artículos 1185 y 1196 del Código Civil.Continuando con aquellos casos que la mujer adulta sea violada sexualmente deberá dirigirse al Ministerio Público más cercano a formular su denuncia. Allí será atendida por el funcionario y remitida a la medicatura forense para practicarle el reconocimiento físico.De ser positivo el reconocimiento, el Misterio Público solicitará privativa de libertad en contra del agresor. Además, la mujer debe señalar que no dio consentimiento para realizar el acto sexual, que fue coaccionada con violencia y amenazada; lo que atenta contra de su dignidad como mujer.Al hablar del examen de reconocimiento forense cuando hablamos del médico forense que puede ser privado, un experto del Ministerio Publico o en su Defecto el Servicio Autónomo Nacional Metrología (Senamet), al momento de realizar el referido examen vaginal mayormente en el diagnostico aparece antigüedad, que es común. Ahora bien, para determinar si no hubo consentimiento es que refleje inflamación, lesiones en las paredes alrededor del coito, enrojecimiento, labios inferiores y superiores inflamados e incluso un desgarro vaginal que puede provocar un SCHOK hemorrágico de sangrado que son las únicas características que pueden determinar la lesión entre otros.En cuanto al reconocimiento forense del anal rectal es un examen proctológico completo permite establecer un diagnóstico clínico primario en la mayoría que deben tener los síntomas anorrectales se evidencie la palpación ano perineal que se encuentre inflamado, enrojecida e incluso con sangramiento; es importante que el diagnostico físico del examen clínico señale esto en su contenido. El proceso judicialDentro del proceso judicial, lo más importante de la declaración como víctima es señalar la cronología de la circunstancia de modo, lugar y tiempo, es decir: cuándo, cómo y dónde.Por ejemplo: (fecha), me obligó a tener relaciones sexuales (momento), a las 9:00 pm (hora) me quitó la camisa en la habitación donde duermo (lugar).Esta descripción debe existir en su relato en la declaración, de no ser así, puede pasar que la defensa del imputado solicite la nulidad de esa declaración o dicho de la víctima, por ser contradictoria.Otras pruebasOtro medio probatorio importante es la prueba de estrés postraumático, realizado por un psiquiatra.Aquí se determina hasta dónde llegó el daño causado en sus emociones, que pueden incidir negativamente en sus acciones al delirio, la fantasía, depresión, ansiedad, e incluso al suicidio.Finalmente, el especialista que determina si hubo o no violación sexual es el sexólogo, pues es el que explica las prácticas sexuales al momento del hecho punible.Por su parte, el psicólogo determina los daños causados a la víctima a su salud mental y el psiquiatra es el facultado en señalar el tratamiento médico e incluso las terapias para mejorar esa conducta, dejando muy claro, que tanto el siquiatra como el psicólogo no están facultados en el momento de presentarse en el debate en la fase de juicio de decir que hubo el delito de Violación Sexual solo son los sexólogos, así que es necesario llamar al proceso a este especialista.Otra prueba por excelencia en este tipo de delito es la prueba de testigos presenciales, por ejemplo: cuando la cónyuge denuncia a su pareja, si tienen hijos de 7 años de edad hacia adelante pueden ser llamados al proceso con su representante, ya que ellos se encuentran bajo la misma convivencia de los padres.Para finalizar, cabe destacar que el delito de violación sexual empieza a correr desde que la víctima formula su denuncia ante los órganos receptores, aunque el hecho haya ocurrido con anterioridad. Autoría: Abg: Vestalia Rafaela Tovar Medina [...] Leer mas...
junio 12, 2023El Tribunal Supremo de Justicia venezolano, mediante jurisprudencia n.°00692, exp: 2022-0060 de fecha 3 de noviembre del 2022, Sala PolíticoAdministrativa, emanó criterio jurisprudencial, a saber: si las partes seencuentran en un país distinto al nuestro, podrán solicitar el divorcio demutuo consentimiento sin importar que el último domicilio conyugal hayasido en otro país; en este sentido, la referida Sala motiva su decisiónseñalando que el Poder Judicial venezolano sí tiene jurisdicción paraconocer la solicitud de divorcio de mutuo consentimiento ante un Tribunalde Municipio, puesto que, al momento de introducir la demanda, no hubooposición por la parte demandada.Cabe destacar que la jurisprudencia hace mención al contenido delartículo 42 de la Ley de Derecho Internacional Privado, en cuyo texto seindica que los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para conocer delos juicios originados por el ejercicio de acciones sobre las relacionesfamiliares:1) Cuando el derecho venezolano sea aplicable, de acuerdo con lasdisposiciones de dicha Ley, para regir el fondo del litigio; y2) Cuando las partes se sometan a su jurisdicción expresa o tácitamente,siempre que la causa tenga una vinculación efectiva con el territorio de laRepública.Con este respecto, encuadra la presente causa en el numeral 2 del artículo42 de la Ley de Derecho Internacional Privada que expresa que las partesse someten de forma tácita o expresa a su jurisdicción al momento deinterponer la demanda dentro del territorio venezolano; la Sala consideraque eso ocurrió en esa causa porque no existió oposición en lacontestación de la demanda.SE DIFIERE:Sin embargo, al señalar la Sala que por parte de las partes del divorciohubo un reconocimiento tácito porque no expresaron oposición dentro delproceso judicial, quien suscribe difiere sobre este argumento, ya que, almomento cuando ambas partes o cónyuges otorgaron el poder especiallegalizado y apostillado a sus representantes legales aquí en Venezuela,hubo un reconocimiento expreso para que procedan al divorcio antenuestra jurisdicción territorial por existir la manifestación de voluntad delas partes de divorciarse. Asimismo, no ratificó el principio constitucionaldel libre desenvolvimiento de la personalidad desde el punto de vistaterritorial o extraterritorial consagrado en el artículo 20 de la Constituciónde la Republica Bolivariana de Venezuela, solo se refirió al principio deseguridad jurídica.EL APORTE JURISPRUDENCIAL DEL TSJ:Con este criterio, hubo un avance jurisprudencial basado en el realismojurídico de flexibilización en causas como esta, ya que la migraciónvenezolana es un hecho notorio, público y comunicacional, por razón delcual parejas que contrajeron nupcias en nuestro país, emigran a otrodonde establecerían el último domicilio conyugal, luego deciden divorciarsepor nuestra jurisdicción venezolana, cuestión que expresa el artículo 42 dela Ley de Derecho Internacional Privada. Este criterio jurisprudencialratifica los artículos 15 y 22 de la Ley Derecho Internacional Privado,afirmación esta que también sostiene la jurisprudencia 693 de la SalaConstitucional el 2 de junio de 2015 que se refiere a que una de las partespodrá solicitar el divorcio.NUESTRO APORTE:Una vez que el Tribunal de Municipio de la jurisdicción venezolana hayaemanado la sentencia judicial de divorcio, tomando en consideración queel último domicilio conjunto de ambas partes se estableció en un paísdistinto al nuestro, esa sentencia deberá ser registrada aquí en Venezuelapara el cambio de estado civil de casados a divorciados, luego deberá serlegalizada, apostillada y reenviada a cada uno de los cónyuges para queambos procedan a solicitar el exequatur internacional en ese país donderesiden, para los efectos de fuerza ejecutoria y de legalidad de esasentencia y para que cada uno de ellos pueda contraer nupciasnuevamente.Abog: Vestalia Rafaela Tovar Medina. [...] Leer mas...
junio 12, 2023El Constituyente de 1999, en el artículo 80 de la norma suprema, protege los derechos constitucionales de las personas de la tercera edad. No obstante, sobre todo a partir de la época de pandemia, esta población ha sido una de las más afectadas; ya que por la ola de emigración muchos han sufrido la ausencia e incluso el abandono de sus hijos. En la actualidad, esta situación se ha convertido en una problemática, que ha conducido a una política por parte del Estado de obligar a los hijos a cumplir con los deberes que impone la ley; en cuanto el cuido, manutención y obligaciones cuando ese progenitor no se basta por sí solo. La comida del anciano En cuanto a la obligación de alimentos, el legislador Civil sostiene que es de obligatorio cumplimiento para los hijos que estén dentro y fuera del territorio nacional (artículo 284 del Código Civil). Incluso, en caso de incumplimiento del referido artículo, la madre o en su defecto el padre podrá solicitar ante un Tribunal de Primera Instancia en lo Civil la acción de Indignidad, previsto en el artículo 810, numeral 3°de la misma norma, privando judicialmente de la herencia al hijo que tuvo una conducta indigna. Es decir, no tiene derecho a heredar, en caso de haber herencia. Los bienes en la tercera edad Ahora bien, en la realidad social de la tercera edad muchos de ellos habían adquirido bienes durante su vida adulta, como: apartamentos, casas, terrenos, entre otros; por lo que decidieron alquilar como un modo de obtener ingresos económicos para asegurar su vejez. Sin embargo, para muchos la realidad es que estos bienes arrendados el inquilino se niega a cancelar los cánones de arrendamiento, acumulando deudas y beneficiándose del uso, goce y disfrute de la cosa, a expensas de la propiedad que pertenece a un anciano que ya no puede laborar y que tiene más necesidades que una persona adulta joven. Ante este escenario antijurídico, la Fiscalía General de la República creó un Programa de Protección al Adulto Mayor. Este programa protege a ancianos que tengan propiedades en posesión de arrendatarios insolventes, invasiones de sus viviendas o en el caso de aquellos hijos que no cumplen con la obligación de alimentación o incurren en abandono; lo cual amerita una denuncia formal ante el Ministerio Público de la jurisdicción donde reside el anciano. La responsabilidad de los hijos Otro caso muy común es cuando un anciano tiene varios hijos y sólo vela por su manutención uno, mientras los demás hijos están ausentes. Ese hijo podrá formular la denuncia ante el Ministerio Público en contra de sus otros hermanos, para que cumplan con la obligación de alimentos. El secuestro del anciano  También, existen casos donde un hijo secuestra al papá enfermo y no permite que sus otros hijos puedan compartir con él, privándolos del cariño y amor de su padre. Para que un anciano formule una denuncia, sin el acompañamiento de un abogado, sólo deberá acudir a la fiscalía más cercana con competencia en adulto mayor, donde será atendido por un funcionario quien levantará el acta de entrevista, la denuncia y remitirá las actuaciones a la Fiscalía Superior para la asignación de un fiscal titular para que conozca el caso. Una vez asignado el fiscal titular, notificará a la parte contraria para que asista a una audiencia de mediación. En caso de que no asista, realizará hasta una tercera llamada y si sigue ausente, procederá a ejecutar la denuncia en beneficio de los derechos del anciano. @VestaliaTovarM / Abogada constitucionalista Pueden leer más artículos de Vestalia Tovar en nuestra sección de OPINIÓN. Sigue nuestro canal en Telegram https://t.me/Diario2001Online [...] Leer mas...
mayo 29, 2023En Venezuela, este es un tema de interés sensible para la colectividad. Dicho tema ha generado controversias jurídicas, en cuanto que al momento de comprar un vehículo -como carro, camioneta, maquinarias-, para su formalidad y validez se requiere de un procedimiento riguroso para obtener la titularidad sobre ese vehículo. Siempre ha existido lo que coloquialmente llamamos como “un pase directo del vehículo”; que consiste en realizar el trámite directo ante el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Importante: sobre la venta de un vehículoEste acto es ilegal convirtiéndose en un hecho ilícito, ya que es obligatorio autenticar ante la Notaría Pública correspondiente mediante un documento de opción a compraventa privado; de conformidad con los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil. Desde la época de pandemia se ha incrementado esta situación irregular, más aún desde que se publicó la Reforma de la Ley de Notarías y Registros em el año 2021. Los impuestos para cancelar el documento privado de opción a compraventa ante las notarías varían dependiendo el año del vehículo; mientras más nuevo sea el modelo y el año se incrementa el pago del impuesto. Por ejemplo, el pago del impuesto de un carro familiar del año 2020 puede costar aproximadamente 400$ días normales; es decir, 3 días. La habilitaciónSi es habilitado la cantidad se duplica, trayendo como consecuencia que el comprador del vehículo no disponga de los recursos económicos para cancelar el impuesto y prefiera “sacar un directo del título”. Es importante señalar que las notarías que autentican el documento privado de la opción a compraventa del vehículo se equiparan al Registro Nacional de Vehículos y de Conductores y Conductoras. Asimismo, serán públicos sólo los actos inscritos en el mismo y surtirán efecto frente a terceros, tal como se desprende del artículo 38 de la Ley de Tránsito Terrestre, que es la única forma que el comprador del vehículo quede excluido de responsabilidad administrativa, penal y civil. Otras opcionesCon respecto a la obligatoriedad del documento privado con opción a compraventa del vehículo, es de carácter obligatorio tramitarlo por notaría, al punto de que no es necesario solicitar el certificado ante el Instituto Nacional de Tránsito; es decir, el solo documento privado es suficiente para demostrar que usted es el propietario del vehículo. Otro caso jurídico sería cuando compramos un apartamento y utilizamos como medio de pago un vehículo, configurando un pago en especie. Al momento que decida demandar el cumplimiento de contrato de ese apartamento, por cualquier cláusula civil el documento de opción a compraventa del vehículo puede presentarlo en copia simple y para ser reconocido dentro del juicio surte todos sus efectos, de conformidad con el parágrafo 4 del artículo 436 del Código de Procedimiento Civil. Por tal razón, debe ser apreciado como cierto que dicho bien se dio en dación de pago respecto el contrato cuyo cumplimiento se exige en el proceso judicial. Lo indica el TSJEsta afirmación es sostenida por la Sala Constitucional del más Alto Tribunal, en jurisprudencia Nro. 0020, Exp. Nro. 19-0443 de fecha 11 de febrero de 2022, donde la Sala establece el carácter obligatorio del referido documento de vehículo notariado y lo considera una prueba suficiente para usted demostrar la titularidad. @VestaliaTovarM / Abogada constitucionalista Pueden leer más artículos de Vestalia Tovar en nuestra sección de OPINIÓN. Sigue nuestro canal en Telegram https://t.me/Diario2001Online [...] Leer mas...
mayo 29, 2023Existen padres biológicos que desconocen hijos extramatrimoniales o fuera del concubinato. En Venezuela, al hijo fuera del matrimonio es llamado de simple conjunción; y los de doble conjunción son los procreados dentro del matrimonio. La ley y la paternidadEl legislador de 1982 establece en su artículo 226 del Código Civil: “Toda persona tiene acción para reclamar reconocimiento de su filiación materna o paterna, en las condiciones que prevé el presente Código». El hijo mayor de edad puede reclamar en vida del papá el reconocimiento de Inquisición de Paternidad, ante un Tribunal de Primera Instancia Civil. Pero, una vez fallecido el papá solo el hijo puede demandar a los herederos por el fallecimiento mortis causa de su papá en un lapso de prescripción de 5 años. El Reconocimiento Judicial de Inquisición de Paternidad, previsto en el artículo 228 del Código Civil, dispone que esa acción frente al papá es imprescriptible, y una vez que el hijo activa el aparato procesal con el referido objeto de la demanda, en la contestación ante un Tribunal de Instancia ese papá podrá aceptar el reconocimiento voluntario de paternidad favorable al hijo, quedando la procedencia de dicha acción mediante sentencia judicial. En caso de negación…Hay casos donde el padre, demandado en vida, puede negar en pleno juicio ser el padre, pero quien interpuso la acción judicial deberá realizarse la prueba heredo-biológica. En caso de negarse, el Juez de Instancia utilizará la fuerza pública para hacerlo; además, el resto de los medios probatorios, como justificativos legales emanados de la Notaría Pública, deben ser evacuados por los testigos firmantes de esos justificativos y demostrar la posesión de estado, siendo otro requisito para que proceda el reconocimiento. El Legislador Civil solo hace referencia al Reconocimiento de Inquisición de Paternidad cuando un hijo lo incoa, incluso si el hijo tiene 40 años o más, y decide demandar al padre en vida. Esto es un error, ya que el reconocimiento descrito es recomendable realizarlo al morir el papá, pues ese papá podrá en vida vender, ceder, donar sus bienes por ser el propietario de su patrimonio. Cuando fallezca a ese hijo no le corresponden bienes de la masa hereditaria, ya que en vida lo excluyó de la esfera patrimonial. También, el Legislador en su artículo 226 del Código Civil afirma que toda persona tiene acción para reclamar su filiación paterna por el vínculo de sangre, pero no establece el Reconocimiento de Inquisición de Paternidad por crianza. Un caso posiblePor ejemplo: un papá que haya criado a su hijo putativo y no tenía su apellido, porque la mamá no quiso que reconociera a su hijo de forma voluntaria y al separarse le niega verlo, a pesar de que mantuvo la obligación de manutención al niño. En esos casos, el papá podrá demandar si es menor de edad ante un Tribunal de Protección del Niño, Niña y Adolescente por Reconocimiento de Paternidad Voluntaria por Crianza, solicitando se aplique el Control Difuso que es de riguroso orden público consagrado en su artículo 334, párrafo segundo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y vía excepcional para que se desaplique el artículo 226 de la norma Sustantiva Civil. El Juez de Primera Instancia podrá sentenciar aplicando el Control Difuso y remitir las actuaciones a la Sala Constitucional del TSJ, donde se establecerá doctrina jurisprudencial y procederá a declarar procedente la Inquisición de Paternidad Voluntaria por Crianza y no por vínculo de sangre en beneficio del Legislador y del papá que demostró la crianza. @VestaliaTovarM / Abogada constitucionalista Pueden leer más artículos de Vestalia Tovar en nuestra sección de OPINIÓN. Sigue nuestro canal en Telegram https://t.me/Diario2001Online [...] Leer mas...
mayo 3, 2023En tiempos recientes, hemos visto con preocupación en nuestra sociedad los antivalores que reinan en los hogares venezolanos; donde mayormente el factor económico ha sido el detonante para la descomposición social que existe en Venezuela. Además de eso, el mal moral ha traído como consecuencia la falta de afecto, sentimientos y comunicación permanente entre los padres a los hijos o viceversa. Ahora bien, el Código Civil de 1982 señala que las personas que no pueden suceder son declaradas indignas, que para el Diccionario de la Lengua Española significa: “Que no tiene mérito ni disposición para algo”. Esta definición la encuadramos dentro del Derecho Sucesoral, cuando una persona legitimada o heredera no tiene derecho a heredar por causas imputables a su acción. El artículo 810 del Código Civil dispone: “1º El que voluntariamente haya perpetrado o intentado perpetrar un delito, así como sus cómplices, que merezca cuando menos pena de prisión que exceda de seis meses, en la persona de cuya sucesión se trate, en la de su cónyuge, descendiente, ascendiente o hermano”. La idea de desheredar El legislador Civil regula la conducta antijurídica de los hijos a los padres, por ejemplo: si un hijo adolescente o mayor de edad comienza a discutir con su papá y le genera lesiones graves, que a su vez le producen una discapacidad permanente que lo imposibilita realizar sus actividades rutinarias. A causa de esa situación antijurídica, el hijo fue condenado por un Tribunal de Juicio Penal a prisión por un año. Vale decir, que con el tiempo el papá fallece y la mamá decide desheredar a su hijo, siendo legal para hacerlo la vía judicial de la acción civil. Se inicia la sucesión a partir del fallecimiento del padre, por lo que la esposa puede incoar una demanda mero declarativa de indignidad ante un Tribunal de Primera Instancia de lo Civil, donde comienza la sucesión para solicitar que su hijo sea declarado indigno; siempre y cuando cumpla con los requisitos, a saber: Pasos para desheredar 1) Que exista una sentencia condenatoria penal mínimo de seis (6) meses hacia adelante, puede ser sobre los delitos de lesiones personales u homicidio (parricidio). 2) Que la madre haya ingresado a un centro de rehabilitación a la persona indigna. 3) Declaración Sucesoral del de cujus. 4) Partida de nacimiento de la persona a ser declarado indigno. Una vez que el Tribunal de Primera Instancia de lo Civil sentencia el mero declarativo de indignidad en contra del heredero inmediatamente queda excluido de la masa hereditaria de su padre; es decir, no le corresponde ninguna alícuota como hijo por ser declarado indigno. Hijos malagradecidos Otro caso muy común, que opera este procedimiento, es cuando usted como hijo le incumba la obligación de prestar alimentos a sus padres en vida y si se niega a satisfacerlo y tiene los medios económicos para hacerlo y no lo hizo, también puede ser declarado indigno y es totalmente legal. @VestaliaTovarM / Abogada constitucionalista Pueden leer más artículos de Vestalia Tovar en nuestra sección de OPINIÓN. Sigue nuestro canal en Telegram https://t.me/Diario2001Online [...] Leer mas...
abril 1, 2023Una vez que una persona haya cumplido la pena, se extinga la acción penal o en su defecto, hubo una sentencia absolutoria, el Tribunal de Ejecución de la Jurisdicción Penal deberá emitir los oficios correspondientes; a los fines de su exclusión del Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol). Es un derecho que tiene esa persona para evitar ser sometido injustamente de nuevo a un proceso de detención, estando en la calle. La diligencia ante el Siipol Ahora bien, ¿qué pasa cuando el Siipol se niega a excluir los datos de identificación? Esto trae como consecuencia jurídica una subversión del procedimiento en el menoscabo del debido proceso y el derecho a la defensa. Incluso, en el menoscabo de los derechos constitucionales al libre desenvolvimiento de la personalidad; causándole daños irreparables en lo moral y social. Cuando estemos bajo este escenario antijurídico, la recomendación es iniciar un procedimiento de acción de amparo constitucional de habeas data, consagrado por el constituyente de 1999 en su artículo 28 de la Carta Magna. Pues, mientras que no exista un Código Orgánico Procesal Constitucional en Venezuela, corresponde a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia prever el procedimiento en su artículo 169 y siguiente, de la referida norma. Es importante señalar que el habeas data procede judicialmente ante un Tribunal Municipal Civil como primera instancia. Una segunda instancia Como segunda instancia, corresponde a los Tribunales Superiores Contencioso Administrativos y solo encuadra cuando alguna institución se niega a otorgarle información personal, por ejemplo: datos filiatorios, bases de datos, exclusión de datos personales de algún listado, exclusión de datos del sistema Siipol; entre otros. Lo que no podemos confundir es este mecanismo procesal con rectificación por errores de trascripción de letras o numéricas sobre actas de matrimonio, actas de nacimiento, actas de defunción o títulos universitarios; que son regulados por la Ley de Registro Civil. Cabe destacar que la Sala Constitucional del más Alto Tribunal de la República, mediante jurisprudencia Nro. 0047, expediente 22-0726, fecha 28 febrero de 2023, sobre la exclusión del Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), indicó que le corresponde a los Tribunales Municipales. @VestaliaTovarM / Abogada constitucionalista [...] Leer mas...
abril 1, 2023En materia sucesoral, el legislador civil venezolano ha sido previsivo al crear al Código Civil, por ser una normativa que regula la conducta de cada uno de los contrayentes al casarse. Dentro de los regímenes de bienes existen los adquiridos antes de la celebración del matrimonio, durante la relación del matrimonio bienes comunes por mitad para cada uno de ellos y los bienes propios de cada uno de los cónyuges. Está en el Código Civil Ahora bien, en materia sucesoral el artículo 151 del Código Civil excluye de la comunidad de gananciales o concubinaria la donación, la herencia, el legado y la plusvalía; considerados como bienes propios que no forman parte de la referida comunidad, equiparable a la relación concubinaria. Esto, siempre y cuando se cumplan los requisitos del artículo 767 de la norma ya descrita. Aunado a la jurisprudencia número 1682, de fecha 15 de julio de 2005 de la Sala Constitucional del Alto Tribunal de la República, donde se establece que la relación concubinaria se debe demostrar ante un Tribunal de Instancia, lo que conllevará a una sentencia mero declarativa; para luego proceder como demanda autónoma de liquidación y partición de bienes. Medidas similares sobre el patrimonio conyugal En materia de liquidación y partición de la comunidad de gananciales conyugales y concubinaria se establece el mismo procedimiento. Es decir, al fallecer el padre o la madre de uno de los cónyuges, se determina el caudal hereditario de los bienes, y una vez repartidos, los recibe estando casado o en concubinato. De esta forma, dichos bienes quedarán excluidos del patrimonio en común y serán un bien propio que en caso de que fallezca ese cónyuge corresponderá por grado de representación por orden de suceder a sus hijos procreados dentro del matrimonio y extramatrimoniales. Por consiguiente, el cónyuge vivo no hereda por ser un bien propio hereditario del cónyuge fallecido. Un bien propio Al ser considerado un bien propio, de conformidad con el artículo 151 del Código Civil, su naturaleza nunca cambia por ser propio de ese cónyuge o concubino. Esta afirmación ha sido sostenida por la Sala de Casación Social del TSJ mediante jurisprudencia número 261, Exp. 22-012, fecha 28 de noviembre del 2022, dejando asentado lo siguiente: “…se constata que fue un bien adquirido con ocasión a una herencia por lo tanto, la Sala declara que el mismo queda excluido de los bienes de partición de la comunidad conyugal”. Un buen consejo La recomendación es que si usted recibe un apartamento o cualquier otro bien en especie estando casado, deberá declararlo como propio y en herencia y el otro cónyuge, al momento de firmar el registro, deberá estampar la coletilla al documento declarativo de herencia, señalando que ese bien no le pertenece y es propio de su cónyuge. Otro caso es que si usted lo recibe en cualquier moneda extranjera, si es mediante transacción de una cuenta a su cuenta, de igual manera deberá señalar en el concepto que es producto de una herencia que proviene de la sucesión de su difunto padre o madre, de conformidad con el artículo 151 del Código Civil venezolano. @VestaliaTovarM / Abogada constitucionalista [...] Leer mas...
marzo 12, 2023En primer lugar, el asilo o protección internacional es el derecho a la protección que ofrece un Estado a determinadas personas cuyos derechos fundamentales se encuentran amenazados por actos de persecución o violencia.La característica principal del asilo es el principio de no devolución, el cual prohíbe a los estados por el Derecho Internacional a expulsar o devolver a una persona al territorio de cualquier país en el que su vida o su libertad se encuentran amenazadas o en el que pueda sufrir tortura, tratos inhumanos o vulneración de sus derechos humanos fundamentales. Existen otras opciones migratorias, como la estancia por estudios, que es una autorización que habilita a permanecer en España por un período superior a noventa (90) días para la realización o ampliación de estudios en un centro de enseñanza autorizado en ese país. El mismo es extensible a sus familiares directos (cónyuge e hijos menores de 18 años o mayores discapacitados) siempre que se cumplan con los requisitos.Para los familiares de los ciudadanos extranjeros residentes en España (cónyuges o pareja, hijos propios o de su pareja incluidos los adoptados menores de dieciocho años o mayores incapacitados y sus ascendientes o los de su cónyuge o pareja), podrán obtener la autorización para residir legalmente en España, por medio de la residencia por reagrupación familiar. Para tus trámites, puede ser necesario contar con esta documentación legalizada y apostillada:• Partida de nacimiento.• Título de bachillerato o universitario si se estudió en Venezuela.• Notas certificadas.• Antecedentes penales.• Acta de matrimonio (si fuera el caso).• Carta de soltería (si fuera el caso).Requisitos para entrar a EspañaLa mayoría de los venezolanos ingresan al país ibérico como turistas y luego deciden iniciar el trámite migratorio según su caso. Para ello, deben tener en cuenta y cumplir con los siguientes requisitos:• Pasaporte vigente.• Boletos de ida y vuelta.• Seguro de viajes.• Demostración de fondos: Considerando el reciente aumento del salario mínimo (SMI) en España, se debe demostrar 100 € por día de estadía por persona.• Reserva de hotel o carta de invitación: es importante que si eliges una reserva, debe estar previamente pagada.• Vacunación contra el Covid-19: Solo se permiten las vacunas aprobadas por la OMS y EMA, como lo son Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm, Sinovac – Coronavac. La última dosis no debe superar los 9 meses de colocada, de lo contrario, se necesita una dosis de refuerzo. [...] Leer mas...
febrero 15, 2023¿Qué es el parole de inmigración en Estados Unidos? El parole es una excepción que permite a la persona permanecer o ingresar a los Estados Unidos a pesar de su inadmisibilidad para entrar o permanecer en el país. El organismo a cargo de tramitar las aplicaciones de parole es el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés). Esta agencia es parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). A continuación, le contamos sobre los distintos tipos de parole, el proceso para acceder a este permiso y por qué es buena idea contratar un abogado. Parole o permiso para ingresar a EE. UU. por razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo Permite a extranjeros entrar a los Estados Unidos por motivos como recibir tratamiento médico, cuidar a un pariente que esté en estado terminal o ser donante de órganos. Ejemplo. Pedro es guatemalteco y quiere venir a los Estados Unidos a cuidar a su hermano, que está enfermo de cáncer en una etapa avanzada. Pedro tiene antecedentes penales que le impiden obtener visa para los Estados Unidos, pues estuvo preso por hurto en su juventud. El parole por motivos humanitarios permitiría que Pedro venga a cuidar a su hermano. El parole durará lo que el oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración considere necesario y solo servirá para hacer un ingreso a los Estados Unidos. Es decir, si usted viaja al extranjero, deberá aplicar otra vez a un permiso para poder reingresar. El sitio web de USCIS ofrece información más detallada sobre este tipo de permiso. Parole o permiso adelantado para regresar a EE. UU. El ¨advance parole¨ autoriza a ciertas personas que ya están en los Estados Unidos a poder regresar si es que hacen un viaje al extranjero. Los siguientes casos son ejemplos de situaciones en que una persona debe solicitar un permiso de reingreso: Personas que están aplicando a ajuste de estatus migratorio para ser residente permanente legal. Beneficiarios del programa de Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA, por sus siglas en inglés) Personas en Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Generalmente, este permiso se concede si el viaje es por motivos de salud, educacionales o humanitarios. Una vez de vuelta en el país, deberá presentar su autorización de reingreso al oficial de inmigración en el puerto de entrada. Parole-in-place para personas que están en EE. UU. con un permiso temporal El parole-in-place se puede otorgar a personas que están en los Estados Unidos y son cónyuges, viudos, padres o hijos de: Miembros activos de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Individuos en la Reserva Seleccionada o Reserva Lista. Veteranos de guerra. USCIS provee un folleto en inglés con más información sobre este tipo de parole. Parole o permiso para personas deportadas o están en proceso de deportación Este tipo de permiso lo otorga el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). ICE otorga este permiso cuando hay razones familiares, médicas o humanitarias de peso. Si la persona ha sido deportada, se le permitirá el reingreso a los Estados Unidos. Si la persona está en proceso de deportación, esta se suspenderá y la persona podrá permanecer en el país. Programas especiales de parole A lo largo de los años, se han creado programas especiales que permiten acceso a parole, tales como el programa de permiso de reunificación familiar haitiano, programa de permiso de reunificación familiar cubano y permiso humanitario para menores centroamericanos. Proceso de aplicación a parole Para aplicar a cualquiera de los tipos de parole, debe enviar los siguientes documentos a USCIS o ICE, según sea el caso: Formulario I-131, solicitud de documento de viaje. Formulario I-134, declaración jurada de patrocinio económico. Tarifa de presentación de $575 y por servicios biométricos de $85. Puede pedir una exención de tarifas si no puede costearlas. Evidencia de los motivos por los cuales se solicita el permiso. Una vez que presenta su aplicación, se le enviará un aviso confirmando el recibo de su aplicación, una cita para toma de foto y huellas digitales y una citación a una entrevista. Si bien USCIS intenta procesar las aplicaciones dentro de 90 días, las demoras son habituales y el proceso puede demorar cerca de un año. Si se le otorga el permiso de entrada o permiso de permanencia temporal, podrá luego aplicar a un permiso de trabajo, aunque este no siempre se concede. ¿Por qué contratar un abogado de inmigración para una petición de parole? A diferencia de otros procesos migratorios, los oficiales de inmigración tienen mucha libertad para decidir si aprueban o no una aplicación a parole. Según estadísticas de USCIS, solamente una de cada cuatro aplicaciones a parole resulta en aprobación del permiso. Un abogado de inmigración con experiencia en casos de parole sabrá qué tendrá en consideración el oficial de inmigración y lo asesorará sobre qué evidencia se debe enviar y cómo presentar su caso de la mejor manera, para así aumentar sus chances de aprobación. Le recomendamos leer: Abogados de inmigración cerca de usted Licencias internacionales y requisitos para conducir en los Estados Unidos ¿Puedo trabajar en los Estados Unidos si no soy ciudadano ni residente permanente? Hable hoy con un abogado calificado en Inmigración Este artículo pretende ser útil e informativo, pero los asuntos legales pueden llegar a ser complicados y estresantes. Un abogado calificado en inmigración puede atender a sus necesidades legales particulares, explicar la ley y representarlo en la corte. Dé el primer paso ahora y póngase en contacto con un abogado calificado en inmigración cerca suyo para hablar sobre su situación jurídica particular. [...] Leer mas...
febrero 12, 2023La Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) publicó la Providencia 084-2020, que contempla la creación de un Registro Integral de Mineros y un Pool de Minería Digital Nacional. a Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) inició desde la última semana de enero una campaña para promover la regularización de todas las actividades de minería digital en Venezuela. Su fin es recordar la obligatoriedad de la licencia para ejercer estas actividades, la cual se solicita a través del Registro Integral de Servicios en Criptoactivos (Risec).  El pasado 21 de septiembre de 2020 se publicó la Providencia N° 084-2020, en la Gaceta Oficial N° 41.969, con el fin de “regular las actividades relacionadas con el uso, importación y comercialización de equipos de minería digital”,  además de permisos para hospedaje de granjas (espacios seguros con acceso constante a Internet y energía eléctrica donde se guardan equipos para el minado de criptomonedas). También contempla todos los servicios de reparación, ensamblaje y fabricación de estos aparatos en Venezuela. Antes de la publicación de la providencia, si bien la minería digital no era ilegal en Venezuela, hubo episodios de persecución contra mineros e incautación de equipos; principalmente debido a denuncias por el alto consumo de electricidad que demandan estos aparatos. El 15 de julio de 2020, el ministro de Vivienda y Hábitat, Ildemaro Villarroel, prohibió la instalación de máquinas de minado en todos los complejos habitacionales entregados por el régimen de Nicolás Maduro. “Se ha detectado los efectos nocivos que tiene ese evento de demanda eléctrica para el consumo en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela”, afirmó. El RIM permitirá al usuario seleccionar el tipo de licencia que desea obtener, y así generar la solicitud desde esta plataforma proporcionando los datos y recaudos que esta exige, realizar el pago en línea y tener un historial de sus solicitudes, así como descargar en línea la licencia una vez aprobadau0022. De acuerdo con la Providencia N° 084-2020, de ser aprobada la solicitud, la licencia se otorgará en un plazo de 20 días hábiles y sus usuarios están obligados a guardar y conservar los documentos y registros vinculados a las actividades de minería digital durante 10 años. [...] Leer mas...

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